«…Son muchos los países más desarrollados que han caminado en una dirección similar, y sería tremendamente positivo para Chile…».
El Consejo de Trabajo y Equidad fue recibido con mucho escepticismo, pero después de una labor de ocho meses ha producido un informe valioso: un mérito de su presidente, Patricio Meller; su secretario ejecutivo, Óscar Landerretche; los coordinadores de las distintas comisiones y los diversos consejeros que aportaron su tiempo y sus energías a este esfuerzo. Por supuesto, no hubo consenso en todos los ámbitos abordados, y probablemente haya propuestas incompletas y otras tengan defectos que podrán corregirse en el debate público que se desarrollará en el futuro próximo. Con todo, son muchas las propuestas valiosas y cada consejero tendrá sus preferidas. Como uno de ellos, tengo las mías y, entre ellas, quisiera destacar el subsidio a los ingresos del trabajo. Lo hago porque algunos comentarios o análisis iniciales que se han hecho revelan que la propuesta no se ha comprendido en su totalidad. Me ayuda también en esta tarea el que no estuve en la subcomisión, coordinada por Dante Contreras, que estudió en detalle la propuesta, y, por tanto, puedo comentarla con cierta distancia.
Este subsidio se puede mirar desde dos perspectivas complementarias. Por una parte, se concretará sólo si la persona tiene un trabajo formal (en el caso del trabajador independiente exige cotizaciones). Por otra, incentiva el ingreso a la fuerza laboral de muchas personas que actualmente están fuera de ella al elevar su salario efectivo. Éste tendrá ahora dos componentes: el monto pagado por el empleador y el subsidio pagado por el Estado. Para incentivar a los empleadores a contratar a las personas que se incorporen a la fuerza de trabajo, se les asegura una parte del subsidio. El programa exige, entonces, un compromiso de trabajo de los beneficiarios. Esta señal es importante porque para avanzar en igualdad es fundamental que las personas accedan a un empleo. En la actualidad, el 20 por ciento de los hogares de menores ingresos (primer quintil), los principales beneficiarios de este programa, tiene una tasa de empleo que es la mitad de la que registra el 20 por ciento de hogares de mayores ingresos y casi un treinta por ciento más baja que la de los hogares del segundo quintil.
El subsidio es equivalente a un 30 por ciento para las personas del primer quintil de ingresos que ganen menos de 150 mil pesos. Como se propone que dos tercios del mismo los reciba la persona directamente, la propuesta significa que, por ejemplo, una que acceda a un empleo que le paga el salario mínimo recibirá un subsidio de 28 mil ochocientos pesos. Para quienes obtengan ingresos superiores a 150 mil pesos, el subsidio se irá retirando gradualmente. A un nivel de 300 mil pesos, el subsidio se extinguirá. Pero el impacto potencial sobre los ingresos de muchas familias pobres es capturado sólo parcialmente por este ejemplo, porque la iniciativa hace atractivo que otras personas del hogar salgan a buscar un empleo. Se crea, entonces, una cultura orientada al trabajo. Pero también incentiva la formalización de los trabajadores independientes de bajos ingresos. Uno de cada cinco trabajadores de bajos ingresos se encuentra en esta situación. Este incentivo ocurre porque el subsidio paga todas las cotizaciones que debe realizar dicho trabajador y, además, le deja un monto adicional a su disposición. Las ventajas de una mayor formalización no sólo dicen relación con la mayor protección que ello le significa al trabajador independiente, sino que, además, con el acceso que esta realidad le da a otros bienes y servicios, como por ejemplo el crédito, que en una situación de informalidad son muy precarios.
Los costos de esta propuesta, si el Gobierno decide acogerla, dependerán de la gradualidad con la que ella se implemente y de la respuesta que este subsidio genere en las personas de menores ingresos que actualmente no están buscando un empleo. Pero en ningún caso son cifras inabordables. Una propuesta de esta naturaleza obviamente que puede complementarse con otras y de hecho el informe del Consejo de Trabajo y Equidad las considera, pero quizás ninguna representa el cambio de paradigma que ésta significa. Es poner a la política social al servicio del empleo, reduciendo los énfasis asistencialistas propios de muchas de las iniciativas de apoyo a las personas de menores ingresos, dándoles al mismo tiempo un mayor control de sus vidas. Son muchos los países más desarrollados que han caminado en una dirección similar y sería tremendamente positivo para Chile, sin perjuicio de los perfeccionamientos que esta propuesta pudiese experimentar durante el debate público que recién se inicia, que comenzáramos a avanzar por ese camino.
