Hacer de la educación inicial una prioridad de Estado significa invertir en el futuro y garantizar que cada familia reciba el apoyo necesario para que sus hijos crezcan con el mayor potencial de aprendizaje.
Existe un amplio consenso sobre la relevancia de la educación inicial, por lo que debería ser un eje central del debate político, especialmente con miras a las próximas elecciones presidenciales. Chile no puede seguir postergando este desafío: aunque la evidencia confirma que la educación prescolar ofrece altos retornos para el futuro de niños y niñas, su cobertura permanece limitada y se redujo aún más con la pandemia. Para enfrentar esta realidad, hay cuatro áreas prioritarias de acción.
En primer lugar, la cobertura de educación inicial apenas alcanza un 52%, y para sala cuna (menores de dos años) solo llega a un 14%. Peor aún, en el grupo de 3 a 5 años se mantiene igual que hace una década. Si bien se han hecho esfuerzos por elevar la asistencia, esta llega unicamente a un 76,4%. Es urgente que se refuerce la red de salas cuna y jardines infantiles para revertir este estancamiento. Para incentivar la asistencia, resulta clave retomar el proyecto de Kínder Obligatorio, rechazado en 2021.
En segundo lugar, la denominada “brecha de cuidado infantil” en Chile -el periodo desde el fin del postnatal hasta el ingreso a la educación obligatoria- se extiende por tres años, afectando con más dureza a las familias de menores ingresos. En países como Corea, Portugal y Eslovenia se garantiza educación y cuidado infantil gratuitos desde que concluye la licencia parental hasta el inicio de la educación prescolar o primaria. Chile debería inspirarse en dichas experiencias para reimpulsar iniciativas como la Sala Cuna Universal.
La tercera prioridad es el financiamiento. El próximo Gobierno debe resolver el desajuste entre la inversión en educación superior (2,4% del PIB) y la destinada a la educación inicial (apenas 1%). Aunque se repite que la educación de párvulos es esencial, el presupuesto no lo refleja: la inversión pública en este nivel bajó un 12% entre 2015 y 2021, mientras el promedio de la OCDE aumentó un 9% en el mismo lapso.
Por último, la institucionalidad también requiere cambios. Actualmente, existe una disparidad arbitraria en el financiamiento de salas cuna y jardines infantiles de Fundación Integra en comparación con aquellos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). Dentro de esta última, los establecimientos administrados directamente reciben más recursos que los administrados por terceros (VTF). Todos atienden a niñas y niños de entre 0 y 4 años del 60% más vulnerable del país, pero un recinto municipal VTF obtiene un 32% menos de financiamiento mensual por alumno que uno administrado directamente por la Junji. Estas inequidades impactan las condiciones laborales de las educadoras y, sobre todo, la calidad educativa que se entrega.
Avanzar en estas cuatro áreas no solo ampliará las oportunidades de niños y niñas en sus primeros años de vida, sino que fortalecerá la equidad y cohesion social. Hacer de la educación inicial una prioridad de Estado significa invertir en el futuro y garantizar que cada familia reciba el apoyo necesario para que sus hijos crezcan con el mayor potencial de aprendizaje. Es el momento de colocar la primera infancia en el centro de la agenda política.
