Los políticos son mirados con desconfianza por la ciudadanía. Ayudaría a reducirla que cumpliesen los compromisos acordados. En este sentido, es preocupante la incertidumbre que existe respecto de la reducción del IVA a partir de 2007.
Los políticos en Chile son muchas veces injustamente evaluados. Después de todo, que el país sea citado como un ejemplo de desarrollo es también el resultado de su labor. Sin embargo, se repiten los estudios de opinión pública donde la población deja en claro la desconfianza que siente hacia ellos. Por cierto, tienen el consuelo de que los políticos de otras latitudes son casi tan mal evaluados. Claro que allá la democracia goza de un alto prestigio. Aquí apenas se consolida. De acuerdo, los chilenos somos exagerados en nuestras afirmaciones y, posiblemente, valoramos nuestra vida democrática mucho más de lo que sugieren algunos estudios de opinión pública. Estas manifestaciones parecen ser finalmente el reflejo de la baja confianza interpersonal que existe entre los propios chilenos, en el rango inferior de los países que periódicamente contrasta el Estudio Mundial de Valores.
Con todo, el país ganaría si la confianza en los actores políticos y, en general, en los habitantes de nuestro país se elevara por encima de los niveles actuales.
Este es un proceso largo que requiere posiblemente de perfeccionamientos de nuestras instituciones, especialmente de todas aquellas que aseguran el respecto de nuestros derechos y el cumplimiento de contratos y compromisos.
El mundo político puede hacer mucho al respecto; desde ya cumpliendo los propios compromisos que ha adoptado ante la opinión pública. En este sentido llama la atención que, salvo algunas excepciones, se esté debilitando el acuerdo de reducir el IVA a un 18 por ciento en 2007 como fue aprobado en la ley que en 2003 lo subió transitoriamente a un 19 por ciento.
Es cierto que hay una demanda latente por recursos fiscales. Son tiempos de campaña y se multiplica la oferta de programas públicos que requieren de un generoso financiamiento. Muchos de ellos son seguramente valiosos, pero el arte de gobernar exige establecer prioridades, porque la confianza de la ciudadanía se obtiene precisamente honrando los compromisos adquiridos por muy «dolorosos» que ellos sean.
Siempre se puede intentar convencer a la opinión pública de que hay fines superiores que satisfacer. Pero ello no parece ser una razón suficiente. Más aun cuando esa afirmación, y la opinión pública lo sabe, puede esconder cualquier cosa.
Esta incertidumbre respecto de lo acordado es especialmente discutible ahora que los recursos fiscales no escasean. El superávit fiscal se acercará este año a niveles del 4 por ciento del PIB y todo indica que el próximo las cuentas públicas se mantendrán saludables. Por supuesto, se puede argumentar que estos recursos estarían mejor utilizados en algunos de los interesantes programas que ofrecen los candidatos a la Presidencia. Pero, más allá del argumento ofrecido respecto de que se deben honrar los compromisos adquiridos, parece indispensable un ejercicio de deliberación pública que cuestione estas premisas.
Nadie se atrevería a discutir el potencial que tienen algunos de los programas planteados por los candidatos presidenciales para asegurar, por ejemplo, mayores oportunidades. La ampliación de la enseñanza preescolar, propuesta compartida, viene al caso. Hay evidencia que apoya la intuición de que ésta puede potenciar las habilidades cognitivas y no cognitivas de los infantes que provienen de hogares de menor capital cultural. A través de esta vía se puede, por consiguiente, corregir desigualdades de origen, un objetivo muy loable de la política pública. Pero también hay abundante evidencia de la multitud de programas que no han tenido impactos perdurables sobre la población tratada. Algunos antecedentes dispersos, aunque también hay algunos datos en contrario, sugieren que este es el caso de los programas nacionales.
Cabe preguntarse, entonces, si es legítimo renunciar a la reducción del IVA cuando el beneficio del uso alternativo de esos recursos no está suficientemente documentado. Parece razonable sostener, a estas alturas de nuestro desarrollo, que el uso de los dineros adicionales extraídos de los ciudadanos debe someterse a un escrutinio mínimo. Este es un principio razonable de convivencia política. Por cierto, el Gobierno siempre podrá reasignar recursos entre programas y grupos sociales. De hecho, este año gastará en diversos programas sociales alrededor de mil cuatrocientos millones de dólares en el quintil de hogares de mayores ingresos. Por la naturaleza de algunos de los programas no es fácil reasignar estos recursos, pero vale la pena intentarlo gradualmente, más aún en esta época de bonanza económica que hace que esos recortes se sientan menos.
