La sigla NIMBY (not in my backyard, o bien, en español, «no en mi patio trasero») se utiliza frecuentemente para denominar a aquellas inversiones de infraestructura que, siendo necesarias para el desarrollo, enfrentan un importante problema de oposición local ya que nadie quiere compartir el territorio con ellas.
En la experiencia internacional, las propuestas respecto a cómo resolver esta oposición típicamente incluyen mecanismos de transferencias económicas y participación en los beneficios o en la propiedad del proyecto (cuando se trata de iniciativas privadas), que los proponentes o el resto de la sociedad (a través de esquemas redistributivos) pueden ofrecer a la comunidad receptora de la instalación como una forma de compensarla por albergar las obras. Menos a menudo se incluyen en el análisis mecanismos de participación ciudadana para proveer a los habitantes locales de información y de una instancia para exponer sus aprensiones respecto al proyecto y, potencialmente, influir en el diseño del mismo o incluso en su operación, permitiendo por ejemplo, que la autoridad local detenga el funcionamiento de la planta en caso de accidentes o mal funcionamiento.
Un estudio tanto de la teoría como de la evidencia disponible permite concluir que el énfasis en las compensaciones materiales es sólo parcialmente correcto. Si bien éstas pueden funcionar, su efectividad depende crucialmente de cómo son diseñadas y establecidas. Por otra parte, la participación ciudadana centrada sólo en transferir información a la comunidad sobre la necesidad y seguridad de los proyectos no tiene efectos reales en su aprobación, en tanto no existan instancias en que las comunidades tengan la posibilidad de incidir en aspectos del diseño y la localización de los mismos.
Complementariamente un sistema apropiado para resolver el problema de la oposición local se beneficiaría de contar con más elementos de ordenamiento territorial concebidos a distintas escalas, con adecuadas instancias de participación y centrado en la construcción de consensos. Para esto se requiere de una institucionalidad que apunte a viabilizar tanto inversiones locales como las que requieren de continuidad suprarregional, junto a un sistema de compensaciones económicas diseñadas para mejorar la aceptabilidad de los proyectos en lugar de reducirla.
Resolver el problema de la oposición local a inversiones molestas no es sencillo. Coordinar el desarrollo de obras de infraestructura y distribuir geográficamente sus costos en forma relativamente equitativa es un desafío que cobra mayor importancia a medida que el desarrollo económico modifica la forma en que las comunidades y la sociedad perciben los costos asociados y priorizan sus preferencias. Las potenciales soluciones exploradas en este documento buscan ser coherentes y factibles de implementar frente a este importante desafío de política pública, sin embargo, quedan tareas pendientes y nuevas interrogantes que surgen del debate, las que debieran ser abordadas con prontitud.
