Observaciones sobre el Plan Regulador Metropolitano de Santiago

Hacia fines de 1994 se aprobó el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Este instrumento enmarcará el crecimiento de la ciudad hasta el año 2020. El objetivo de las autoridades es llevar la densidad bruta promedio de la ciudad desde 100 a 150 habitantes por hectárea.
La densidad propuesta para Santiago es propia de un país pobre. Es parecida a la de Karachi y está un poco por debajo de la de Manila. París, en cambio, tiene una densidad bruta de 77 habitantes por hectárea. Barcelona de 69 habitantes por hectárea. Sydney de 40 habitantes por hectárea. Buenos Aires de 84 habitantes por hectárea. ¿Cuál es la ciudad a la que se quiere parecer Santiago?
Las densidades propuestas harán su b ir significativamente el precio del suelo de la ciudad, obligando a sus habitantes a vivir en espacios más reducidos. Mientras tanto, más del 90% de la población sostiene que desearía vivir en casa antes que en departamento. Especialmente grave será esta situación para las personas de menores ingresos. Serán desplazadas de la ciudad o vivirán en viviendas sociales en altura. Estas, sin embargo, han fracasado en todos los lugares en las que se han implementado masivamente.
El principal argumento que las autoridades esgrimen para justificar este aumento en la densidad de la ciudad es que Santiago habría experimentado un crecimiento desmesurado en las últimas décadas. El propio Plan desmiente, sin embargo, esta aseveración. Santiago se ha expandido a un ritmo levemente inferior al de su población. Es así como en 1982 y 1992 la ciudad presentaba las densidades más altas de los últimos 50 años.
Es entendible que a la autoridad le preocupe que los que se benefician del crecimiento de la ciudad no paguen todos los costos de sus decisiones. Por ejemplo, el fisco debe financiar habitualmente los mejoramientos o expansiones de la infraestructura vial que demandan los nuevos desarrollos inmobiliarios. Esto, sin embargo, no debería ser un problema si la infraestructura vial estuviese tarificada o si existiesen empresas proveedoras de infraestructura que cobrasen derechos de impacto a los nuevos desarrollos inmobiliarios. Frenar artificialmente el crecimiento de la ciudad es la más ineficiente, aunque quizás la más simple, de todas las políticas posibles.

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