Las decisiones sobre nuestras políticas de inmigración no pueden responder únicamente a un análisis de beneficios y costos.
Chile es el país con el ingreso per cápita más alto de América Latina (dólares corregidos por poder de compra), hecho que puede estar acelerando la inmigración.
El contexto más general debe ser uno de expansión de las libertades y de los derechos civiles que, en el mundo moderno, no solo tienen que estar orientados a los ciudadanos de un país. Así, no se puede dejar de acoger inmigrantes y dejar de ofrecerles los mismos derechos, algunos sujetos a una residencia mínima, que a los nacionales. Por cierto, es legítimo discrepar respecto de los flujos que deben aceptarse, pero eso ya le da racionalidad al debate.
Chile es el país con el ingreso per cápita más alto de América Latina (dólares corregidos por poder de compra), hecho que puede estar acelerando la inmigración. Supera en 70% y casi 90% a los de Colombia y Perú, respectivamente. Comparado con Haití, nuestro ingreso per cápita es 1.230% superior. Con todo, en número de inmigrantes, hay que reconocerlo, es todavía pequeño y no es evidente un aumento significativo en los próximos años. Muchos países de la región están haciendo reformas valiosas que están acercando sus ingresos per cápita al chileno. Por cierto, Haití tiene problemas serios que hacen más difícil pensar que pueda tener un desempeño económico interesante en algún futuro cercano. Aun así, un flujo migratorio creciente desde ese país es altamente improbable.
Por esto, cuesta imaginar que la población inmigrante en nuestro país va a ser muy superior al 2,4% actual, proporción que es comparativamente reducida. El promedio mundial de inmigrantes es más de un punto porcentual superior al de Chile y hay varios países con tasas superiores al 10%. Entre los países de la OCDE, solo México tendría una población inmigrante, como proporción de su población, inferior a Chile. Así, es evidente que se está exagerando la «cuestión migratoria» en Chile. Eso no significa que no haya que reformar la legislación vigente, que no solo está desactualizada, sino que además tiene problemas de diseño. Esta discusión debe ser hecha sin estridencias.
La derecha local tiene al respecto una importante responsabilidad. Todos los movimientos populistas de derecha en el mundo se han opuesto a la inmigración. En los últimos días, queda la impresión de que nuestra derecha podría estar «coqueteando» con una agenda de estas características. Por cierto, en las declaraciones de este sector hay muchos matices y varios no concuerdan con esa posición. Esta diversidad no es de extrañar, porque en la experiencia comparada no todos los movimientos de derecha han condenado la inmigración. Sin embargo, es cierto que ninguno ha escapado a la tensión generada por este fenómeno.
Sería lamentable que, en respuesta a la presión, este sector político en Chile tomara una postura contraria a los inmigrantes. Ello arriesga conducir a una espiral de populismo que, a su vez, puede llevar a una democracia iliberal; una tendencia creciente en el mundo como denuncia Francis Fukuyama en un artículo reciente. En esta democracia suelen instalarse peligros serios para las libertades fundamentales. Esto ocurriría independientemente de si gobierna la derecha o la izquierda. Los detonantes que generan estos escenarios son principalmente apelaciones a formas de nacionalismo. No cabe duda de que el rechazo a la inmigración es una de ellas.
Desafortunadamente, quienes se alejan de estas posturas no aminoran este riesgo exigiendo más tolerancia, aprecio por la diversidad o argumentando que este rechazo a la inmigración es una demostración de racismo o xenofobia. El asunto, como recuerda en un reciente ensayo el psicólogo social Jonathan Haidt, es mucho más complejo. El impulso que promovería ese sentimiento es un compromiso moral, real y fuerte, de los ciudadanos con su país y cultura. Consideran que ella debe preservarse no porque sea superior a otra, sino porque forma parte de ellos. Habría, entonces, un deber de los gobiernos de protegerla.
El momento preciso en que surge la demanda por frenar enérgicamente la inmigración u otras formas de globalización es incierto. Pero cualquiera que sea este ella estaría guiada por una predisposición psicológica frente a una eventual amenaza de esa identidad, antes que por normas culturales o sociales. Por ello, el discurso con el que habitualmente se responde a quienes rechazan la inmigración no va a producir un cambio en sus posturas e incluso puede extremarlas. En efecto, ese discurso más bien aumentaría la percepción de amenaza. De ahí la importancia de un debate con altura de miras que se haga cargo de las complejidades involucradas. Los cálculos electorales deben estar ausentes; además, en este orden de cosas, son bien imprecisos.
