La solución para disminuir la informalidad en el mercado laboral no es única ni fácil, pero tenemos los antecedentes, los diagnósticos y las propuestas.
La preocupación por la ocupación informal no deja de aumentar. Esto, no solo por lo que representa para el mercado laboral, sino que también por el efecto negativo que genera para los trabajadores en cuanto a su seguridad social. Los ocupados informales no cuentan con contratos de trabajo que paguen sus cotizaciones del sistema de seguridad social (salud y AFP), lo que genera lagunas o nulas cotizaciones previsionales, afectando la determinación de la pensión al momento de jubilarse.
Según la publicación de las cifras de ocupación del trimestre móvil abril-mayo-junio del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la ocupación informal alcanzó un 28,2%, cifra que se ha mantenido durante todo el 2024 y equivale a 2.631.514 personas. Si bien estamos mejor que en América Latina, estamos muy por sobre el 15% promedio de la OCDE.
Al hacer un zoom a nivel regional observamos que el problema es aún más complejo. En la Región de la Araucanía, por ejemplo, un 38,1% de la ocupación es informal, mientras que en Ñuble es un 35,7%. En breve, diez de las 16 regiones de nuestro país tienen más de un 30% de ocupación informal.
Adicionalmente, en nueve de estas 10 regiones la ocupación informal de las mujeres es aún más alta que el total regional y que el indicador nacional (29,9%). En la Región de la Araucanía un 38,5% de las mujeres trabajan informalmente, en Ñuble esta cifra es de 37,9%, mientras que en Arica y Parinacota la hace un 37,2% fuera de la formalidad. ¿La principal actividad que desarrollan? Trabajadoras de servicios, así como vendedoras de comercios y mercados.
Esas cifras no pueden dejarnos indiferentes, pues la informalidad no solo tiene efectos negativos personales, sino también afecta la recaudación de impuestos y el bienestar subjetivo de las personas. La informalidad implica ocupaciones menos estables y un permanente riesgo de caer en la pobreza, tal como lo señala el estudio “Trabajadores informales ¿Qué sabemos de su bienestar social?” del CEP. Entre sus recomendaciones incluye el avance en las reformas pendientes (salud, pensiones), rediseñar subsidios al trabajo existentes y considerar la flexibilidad laboral para fomentar el tránsito a la formalidad, particularmente para las mujeres.
Por otra parte, el Consorcio de Universidades Contra la Informalidad convocado por los ministerios de Hacienda y del Trabajo en 2020-2021, generó un documento de trabajo que, entre otras cosas, hace una serie de recomendaciones de políticas públicas que permitirían disminuir la formalidad. Por ejemplo, propone evaluar cobertura y alcance de programas de Fosis y Sercotec dirigidos a empresas, aumentar los mecanismos de fiscalización e identificar brechas de la oferta programática de Sence.
La solución para disminuir la informalidad en el mercado laboral no es única ni fácil, pero tenemos los antecedentes, los diagnósticos y las propuestas. Esperemos que estas sean tomadas en consideración por nuestras autoridades y nuestros legisladores, donde lo más importante es que lleguemos pronto a acuerdos en favor de la población.
