En 1993 se aprobó una disposición que permitió a los padres aportar a la educación de sus hijos por sobre el financiamiento que el estado destina a través de la subvención educacional. La educación básica municipal fue excluida de esta posibilidad. Ha sido una oportunidad para allegar más recursos a educación, reducir las brechas de gasto entre la educación subvencionada y particular pagada y agregar de manera colectiva aportes a la educación de sus hijos que seguramente los padres iban a realizar a través de otras vías. Es una innovación que, desde sus inicios, ha sido resistida. Se arguye una eventual segregación entre estudiantes según sus ingresos: las familias que no pueden aportar financiamiento compartido asisten a un tipo de establecimientos y lo que pueden aportar a otro tipo de establecimientos. El argumento es plausible y por ello no sorprende que, a propósito del proyecto que aumenta la subvención educacional en un 15 por ciento, algunos parlamentarios hayan presentado una indicación que congela el valor real del financiamiento compartido por tres años. Sin embargo, por diversas razones es una propuesta equivocada.
Desde luego, no hay evidencia que la introducción de este financiamiento haya aumentado la segregación. Ello se explica porque la decisión de instalar un establecimiento educativo, sobre todo un particular subvencionado, no es aleatoria. Aspira legítimamente a que sus ingresos cubran los costos de educar. Los primeros dependen, en un esquema sin financiamiento compartido, del valor de la subvención. Los segundos de las regulaciones existentes y de los estándares exigidos. Hasta ahora el valor de la subvención ha sido independiente del nivel socioeconómico de los estudiantes. En cambio, el costo de educar no es independiente de este nivel. Donde hay situaciones sociales más complejas el costo de educar será mayor. Por eso, a menos que se cuente con recursos extraordinarios un colegio particular subvencionado no se instalará en aquellas zonas donde los ingresos no cubran los costos de la educación. Ésta es la causa principal de segregación. El financiamiento compartido sólo aterrizó sobre esa realidad y no es raro, entonces, que su introducción no haya elevado la segregación.
La aprobación de un financiamiento diferenciado por estudiante en función de su nivel socioeconómico, como el contemplado en la ley de subvención preferencial, es una oportunidad efectiva para avanzar en inclusión porque ahora los mayores costos de educar a niños de menores recursos serán compensados con mayores ingresos. Así, los que tienen menos ingresos aportarán su subvención preferencial. Los que tienen más ingresos contribuirán con recursos privados. El congelamiento del financiamiento compartido, en cambio, no soluciona ningún problema. Habrá menos aportes privados para educar juntos a los niños y jóvenes del país de distinta condición social. Con todo, no se evitará que las familias inviertan en la educación de sus hijos. Lo harán a través de otras vías a las que los estudiantes de menores recursos no tendrán acceso. Habrá así menos gasto en bienes educativos comunes que un buen diseño del sistema de financiamiento no podrá reparar.
Pero, además, pensar que un sistema educativo que es financiado sólo por recursos públicos va a detener las diferencias de gasto entre estudiantes no respeta la evidencia internacional y nacional. Es cosa de mirar los detallados reportes que anualmente se publican en Estados Unidos sobre el gasto por estudiante en los diversos distritos escolares para concluir lo contrario. Las diferencias de gasto público por estudiante entre distritos pueden alcanzar cuatro veces y al interior de cada estado no es raro que alcancen a dos veces. Estas son diferencias mucho mayores que las que típicamente se observan entre establecimientos particulares subvencionados y municipales en nuestro país. Ahora bien, dentro de la educación subvencionada, quizás las diferencias más notables que existen en Chile se dan al interior del sistema municipal en una prueba más que el problema no ha sido la existencia de financiamiento compartido sino el diseño de la subvención por estudiante. Por eso que congelarlo o suprimirlo, restringiendo la libertad de las familias para aportar a la educación de sus hijos, es un error que no debería ser cometido.
