Con este proyecto de ley sobre permisología se busca reducir en un tercio el tiempo de los trámites, lo que podría aumentar el PIB en un 2,4% en 10 años y la recaudación fiscal en un 0,32% del PIB cada año. Si esas cifras no aúnan posiciones, exijo una explicación.
Imagine un proyecto de ley que finalmente elimine o simplifique la enorme cantidad de permisos que frenan el desarrollo de inversiones. Una iniciativa que crea una entidad dedicada a estandarizar y hacer más eficientes este entramado burocrático, sin preocuparse de los ciclos políticos o de congraciarse con la autoridad de turno. Que opere solo bajo parámetros técnicos, con profesionales comprometidos con una política de Estado. ¿Se lo imagina?
Ya sé. Debe estar pensando que algo así es imposible, porque mientras la derecha lleva años defendiendo estos principios, la izquierda jamás lo permitiría. Pues le tengo una noticia: esta es precisamente la idea que ha puesto el oficialismo sobre la mesa y que la oposición duda en apoyar. ¡Exijo una explicación!
En la última década, han habido decenas de intentos por darle agilidad, transparencia y certezas a nuestro sistema de permisos sectoriales. Ninguno ha llegado a buen puerto, mientras los intentos por invertir deambulan entre más de 439 trámites y 309 permisos sectoriales sujetos al humor de los miles de funcionarios pertenecientes a 37 feudos estatales. Los plazos legales establecidos terminan a veces triplicándose, muchas veces incluso sin que exista un riesgo proporcional en ciertos proyectos de inversión. Es una maraña burocrática digna de una novela kafkiana. Permisos bien concebidos aseguran inversiones seguras y sostenibles para el bien común. Mal diseñados, son un impuesto encubierto a la añorada inversión que no genera ingresos fiscales, pero sí costos significativos para todos nosotros, como los cerca de 2 mil millones de dólares estimados del año pasado.
Hoy, el gobierno ofrece un proyecto que abre un camino y hace realidad una estrategia que impulsa la autorregulación, limita la discrecionalidad del gobierno en decisiones de política regulatoria y da un espaldarazo al uso de los silencios administrativos. Desde luego, es una iniciativa perfectible, pero nadie puede negar que es un punto de partida que la oposición solo habría soñado hace algunos años. Paradójicamente, la derecha política, que suele defender con celo el libre mercado, está obstaculizando esta iniciativa. La historia reciente nos ha demostrado que las oposiciones tozudas, que no aprovechan las oportunidades políticas que se le presentan, pueden terminar pagándolo caro. No hay nuevas ocasiones, porque todo y todos cambian rápido.
Escudarse en argumentos como “no queremos más grasa fiscal” de la burocracia es torpe y mezquino. Torpe, porque desconoce una agenda que la derecha ha empujado por décadas, y mezquino porque ignora que con un solo gran proyecto que impulse la nueva gobernanza del sistema se paga con creces el nuevo servicio. Y, de paso, muestra un modelo a seguir en tantos otros ámbitos del Estado.
¿Un sueño? Desde luego. Aún más cuando Chile no aguanta más crecimientos mediocres y que sus inversiones sigan entrampadas en los tentáculos burocráticos. Con este proyecto de ley sobre permisología se busca reducir en un tercio el tiempo de los trámites, lo que podría aumentar el PIB en un 2,4% en 10 años y la recaudación fiscal en un 0,32% del PIB cada año. Si esas cifras no aúnan posiciones, exijo una explicación.
