Llevamos más de treinta años con una normativa del empleo público vulnerable a la injerencia política y sin equilibrio entre mérito y estabilidad laboral. La creciente judicialización ha acentuado la disparidad que existe entre facilidad de ingreso y rigidez en la desvinculación. Urge reformarla.
Imagine un negocio donde la nómina de trabajadores aumenta todos los años de forma significativa, pero donde los indicadores clave –como ventas, optimización de procesos y satisfacción de usuarios– no muestran mejoras proporcionales. ¿Qué haría? Exacto: recortaría gastos superfluos y reformaría la organización. Sin embargo, esta lógica básica de gestión parece no aplicarse al Estado chileno, donde la mayor dotación contrasta con servicios que siguen sin responder adecuadamente a las prioridades ciudadanas.
Los datos son contundentes. El sector público en su conjunto –gobierno central, municipalidades, empresas y universidades estatales, entre otros– aumentó su dotación en un 28% durante la última década. En la tendencia alcista destaca 2017 con el mayor aumento, sin pandemia que lo explique. Pero ese mismo año, la Contraloría consolidaba la doctrina de la «confianza legítima», transformando los empleos a contrata en cargos permanentes tras solo dos años de servicio.
Este crecimiento del empleo público ha reducido el peso relativo del sector privado en el mercado laboral –el mismo que, paradójicamente, financia al Estado a través de sus impuestos–. Mientras la dotación estatal aumentaba considerablemente, el empleo privado crecía a la mitad de ese ritmo. Paralelamente, la tasa de crecimiento del gasto por habitante en personal público ha quintuplicado la de la expansión del PIB per cápita en el mismo periodo.
Al hacer zoom al Gobierno Central –el mayor empleador público– se observa una expansión aún más pronunciada: su dotación de funcionarios creció un 43% en la última década (DIPRES 2025). El mayor aumento se ha concentrado en el sector salud, que en los últimos tres años ha absorbido casi la totalidad de las nuevas contrataciones. Ello plantea un desafío clave en términos de sostenibilidad fiscal y eficiencia, especialmente ante las crecientes dificultades del sistema público de salud para responder a las demandas ciudadanas.
La cifra anterior excluye el traspaso de personal desde las municipalidades a los Servicios Locales de Educación (SLE), ya que, en teoría, no representa un aumento neto del empleo público. Sin embargo, la realidad es que este proceso ha incrementado el número de funcionarios traspasados, especialmente asistentes de la educación, generando una sobredotación. Aún es posible corregir este problema para evitar que los futuros traspasos continúen resultando en un crecimiento neto de funcionarios estatales.
Este sostenido aumento del empleo público ha generado un debate necesario, aunque dificultado por la carencia de datos consolidados que permitan un análisis certero. La discusión cobró fuerza tras revelarse que, según encuestas de empleo, se habrían creado más de 100 mil puestos públicos durante el actual Gobierno. La realidad es que la mayor parte de este aumento se concentró en las municipalidades, mientras que en el Gobierno Central solo se registraron 22 mil nuevos funcionarios (incremento de un 5%).
Pero más allá de la discusión sobre las cifras y lo ocurrido durante un gobierno en específico, el verdadero debate radica en si el continuo aumento del empleo público se ha traducido en mejores servicios o simplemente en un mayor gasto. Los persistentes problemas en la oportunidad de atención en la salud pública, la baja eficiencia del gasto educacional y las dificultades para contener la crisis de seguridad sugieren que aumentar la dotación de personal no ha sido la solución. El Estado ha crecido, pero sus resultados siguen lejos de responder a las necesidades ciudadanas.
Hoy más que nunca, cada peso adicional debe rendir frutos. Llevamos más de treinta años con una normativa del empleo público vulnerable a la injerencia política y sin equilibrio entre mérito y estabilidad laboral. La creciente judicialización ha acentuado la disparidad que existe entre facilidad de ingreso y rigidez en la desvinculación. Urge reformarla. Además, el deterioro fiscal exige medidas inmediatas, y el gasto en personal no puede ser la excepción. Su crecimiento debe moderarse, alineándolo, al menos, con el del sector privado. Para ello, es clave optimizar el gasto en salud y corregir la sobredotación en los SLE. Solo así lograremos un Estado más eficiente y sostenible.
