Si se dilata el veto para reponer la multa (…) se concretarán las peores predicciones de otra hipocresía institucional: un voto obligatorio sin obligación.
El rechazo de la propuesta sobre las multas en las próximas elecciones abrió un nuevo frente de riesgo para la democracia. La ministra Tohá afirmó a inicios de la semana que “los chilenos no aceptarían la hipocresía de un voto obligatorio sin ningún tipo de sanción”. Contra las mejores intenciones de la ministra, lamentablemente hay situaciones en las que nos acostumbramos a hipocresías institucionalizadas, como la “anulación” del matrimonio antes de la ley de divorcio, las licencias médicas fraudulentas, o la de estar todos “de acuerdo” en reducir la fragmentación política pero no mover un dedo por la reforma del sistema electoral. Lo cierto es que si se dilata el veto para reponer la multa o se lleva a extremos que impulsen confrontación antes que discusión, se concretarán las peores predicciones de otra hipocresía institucional: un voto obligatorio sin obligación.
En la Encuesta CEP 90 de 2023 sobre inmigración, la mayoría de los extranjeros (un 36%) no expresa su intención política, 31% declara ser de centro, 22% de derecha y 10% de izquierda. Entre los chilenos, un 26% no declara inclinación política, 39% es de centro, 14% de derecha y 20% de izquierda. Efectivamente, los extranjeros tienden a votar más por el centro y la derecha, pero la mayoría no muestra opción definida. Por ello, la sorpresiva jugada del Gobierno de separar entre “electores” (extranjeros no nacionalizados habilitados para votar) y “ciudadanos” (formalmente nacionales), más que un afán por ordenar, parece un intento por desmovilizar políticamente a extranjeros excluyéndolos de la multa.
La propuesta puede justificarse bajo una pretensión de armonización técnica entre ley y Constitución, aunque la Constitución abre posibilidades distintas de interpretación sobre el tema. Pero independiente de esto, un principio fundamental de la democracia es promover la participación de todos aquellos miembros de la comunidad política que puedan verse potencialmente afectados por decisiones de los representantes. Desincentivar el voto extranjero es limitar directamente este principio.
Después de décadas de favorecer la integración de inmigrantes cuesta ahora comprender este giro particularista en sectores de centroizquierda, aunque ya durante la Convención varios siguieron los cantos de sirena de la identidad. Concebir solo al nacional como ciudadano puede ser técnicamente argumentable, pero justamente por ello se habilitó hace décadas el voto de extranjeros: para incluirlos en el compromiso con la comunidad política en la cual viven, para acercarlos a las responsabilidades y obligaciones de la ciudadanía. En virtud de ello, cuando la comunidad política ha optado democráticamente por volver al voto obligatorio, la multa por no votar es justificable tanto para extranjeros como para nacionales. El problema de armonización normativa debe arreglarse, pero hay que hacerlo expandiendo el sentido de ciudadanía, promoviendo el compromiso público de extranjeros y chilenos, no restringiéndolo.
