La Concertación aún está lejos de definir una estrategia para desenvolverse como oposición. Nadie esperaba que ello fuese fácil, pero sorprende que esté tan desdibujada. En ese sentido, el escenario no se presenta auspicioso para la coalición de centroizquierda. Pero debe reconocerse que tampoco es definitivo. Por una parte, el Gobierno y el Presidente han demostrado una predisposición elevada a los autogoles, particularmente por incomprensión del impacto político que sus actuaciones y decisiones pueden significar. A ello se suma que la relación entre los partidos oficialistas y el Gobierno no ha sido fácil, fenómeno que ha disminuido la eficacia política de la coalición. Por otra, la negociación del acuerdo de educación mostró que la Concertación sigue teniendo «dientes» y capacidad de levantar planteamientos que obligan al Gobierno a modificar sus proyectos. Al mismo tiempo, logró articular, aunque haya sido incompleta, una visión respecto de sus pretensiones para la educación chilena. Este tipo de actuaciones son precisamente las que pueden devolverle «el alma al cuerpo» a esta coalición.
Sin embargo, hay dos dimensiones que le pueden jugar en contra. La primera escapa a su control y dice relación con el cambio de gabinete y, en general, con el aprendizaje que pueda haber tenido la coalición gobernante después de un año en el poder. Es posible que mejoren los niveles de coordinación, se reduzcan los errores no forzados y aumenten los niveles de efectividad política. Si esto ocurre, las falencias demostradas hasta ahora se pueden hacer más notorias. La segunda dimensión queda reflejada, aunque va mucho más allá, en el cuestionamiento al acuerdo de educación que hubo en parte de la coalición opositora. Se reclamó no tanto por el contenido como por la poca participación ciudadana que habría habido en su gestación. Esta mirada responde a un planteamiento cada vez más amplio que, en alguna medida, se acordó en días pasados y que postula incorporar a diversos grupos ciudadanos o de la sociedad civil en la definición programática y política de la Concertación.
Es un camino riesgoso porque, en el fondo, revela una renuncia a la deliberación política que es un elemento esencial de los partidos y de la democracia representativa. No cabe duda que es importante escuchar a la ciudadanía y los partidos políticos deben ser activos en este proceso recogiendo, en las distintas instancias internas, esas voces. Ello ciertamente enriquece a los militantes y a los dirigentes políticos. El Congreso también tiene que ser un espacio importante para que la ciudadanía se exprese y ello ocurre a menudo, por cierto no de modo perfecto, en las sesiones de análisis de los proyectos de ley.
Pero no parece sensato que los partidos o coaliciones políticas se inhiban de ser, en última instancia, las entidades responsables de definir las posturas que estiman apropiadas para el país. En algunos casos ellas serán definidas por las directivas, otras pocas por un número más amplio de dirigentes o más frecuentemente por los legisladores como representantes de la ciudadanía. Así, escuchar y asegurar mayor participación de la ciudadanía no debe confundirse con su involucramiento en la toma de decisiones políticas. Al final son los partidos los responsables de ese proceso, porque deben decidir entre una multiplicidad de intereses. Las organizaciones ciudadanas, en cambio, representan intereses particulares y existen precisamente para promoverlos antes que para equilibrar propósitos alternativos. Si los partidos concertacionistas insisten en no hacer esta distinción no cumplirán uno de sus papeles más fundamentales y corren el riesgo de diluirse completamente.
