Si el ideal democrático supone la participación de todas las personas en igualdad de condiciones, la exclusión sistemática de las mujeres es un déficit que compromete la legitimidad del sistema político en general.
Se avecina el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un momento de reflexión sobre la igualdad de derechos y oportunidades que contrasta con la realidad: la infrarrepresentación de las mujeres en espacios públicos y su sobrerrepresentación en la esfera privada. Esta discrepancia no es solo una cuestión de equidad individual, sino un problema estructural que afecta la calidad de la democracia y la legitimidad del sistema político.
La baja presencia de mujeres en cargos de representación popular compromete la representatividad de las instituciones democráticas. Cuando las mujeres reivindican su presencia en los espacios de representación, no lo hacen porque consideren que esta garantice resultados políticos tangibles en su favor, sino porque la representación en sí misma tiene un valor intrínseco, una expresión de igualdad y reconocimiento que no necesita justificarse sólo en función de sus efectos prácticos.
Las recientes elecciones regionales y municipales reflejan esta exclusión. La proporción de candidatas fue baja en todos los pactos, y algunos partidos ni siquiera presentaron mujeres a alcaldesas. Incluso en las elecciones parlamentarias, donde rige la cuota de género que obliga a los partidos a presentar al menos un 40% de candidatas mujeres, persisten brechas en los resultados: solo 35% de los diputados electos en la última elección parlamentaria fueron mujeres. Aunque la norma busca corregir la distribución y asignación de escaños, la estructura partidaria y las dinámicas de campaña siguen siendo barreras para una representación efectiva.
Mientras la participación de las mujeres en la esfera pública es limitada, en la privada es abrumadora. La última Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT, 2023) muestra la magnitud de esta brecha: las mujeres dedican en promedio dos horas más al día que los hombres al trabajo no remunerado, incluyendo tareas domésticas y de cuidado. Esta brecha se amplía en los quintiles de menores ingresos y se mantiene en todas las regiones del país. Las mujeres asumen la mayoría de las actividades domésticas diarias, como la limpieza, la preparación de alimentos y el abastecimiento, mientras que los hombres participan de manera esporádica en reparaciones y mantenimiento del hogar. Lejos de ser una cuestión privada, esta desigual participación impacta la esfera pública: la carga excesiva de trabajo no remunerado limita, en tiempo y energía, la posibilidad de las mujeres de participar activamente fuera del hogar, perpetuando un círculo vicioso de exclusión.
El 8 de marzo es una oportunidad para reflexionar sobre la actual distribución del tiempo de hombres y mujeres. Si el ideal democrático supone la participación de todas las personas en igualdad de condiciones, la exclusión sistemática de las mujeres es un déficit que compromete la legitimidad del sistema político en general. Avanzar hacia una sociedad en que la equidad deje de ser una promesa y se convierta en realidad no es solo una cuestión de justicia, sino una condición necesaria para fortalecer nuestra democracia.
