Es muy positivo que las altas autoridades públicas, particularmente los ministros, sean sometidos a un elevado escrutinio público. La democracia se fortalece cuando ello ocurre. Y no cabe duda de que en esa tarea los parlamentarios tienen un papel fundamental. En un régimen presidencial corresponde a la Jefa de Estado, la que también es Jefa de Gobierno, decidir si los ministros resisten adecuadamente ese escrutinio y realizan una gestión acorde con lo que se espera de ellos. Si su decisión es negativa probablemente recurrirá a su reemplazo. No es la tarea del Congreso reemplazar a los Presidentes en este papel.
La acusación constitucional es un instrumento que el Parlamento debe utilizar en casos extremos, siempre que las autoridades del Estado se hayan alejado de principios fundamentales que se espera satisfagan con plenitud. Más allá de la evaluación que se pueda hacer de la gestión de la ministra Javiera Blanco me asiste el convencimiento de que ella no ha incumplido ninguno de esos principios.
Someterla, entonces, a dicha acusación es alejar la política del campo en el que esta debe razonablemente desarrollarse. Nada justifica incurrir gratuitamente en ese costo. Menos en tiempos que la confianza en nuestras instituciones y nuestros líderes políticos nacionales se ha deteriorado significativamente.
