De acuerdo a la encuesta CEP, la desaprobación al gobierno de la Presidenta Bachelet, su evaluación positiva, la apreciación de sus atributos personales, la evaluación de las figuras del oficialismo y las expectativas de progreso, entre muchos otros factores, se encuentran en niveles históricamente bajos. No es bueno que ello ocurra, porque este escenario en un sistema presidencial es inmovilizador. Desde luego porque se dividen los partidarios, pero también el Ejecutivo pierde legitimidad frente a la ciudadanía. En un régimen parlamentario se produce una salida que siempre significa un cambio de rumbo. En los regímenes presidenciales ello no es automático y la próxima elección puede quedar demasiado lejos si no se modifica el camino elegido, particularmente si se quiere gozar de un respaldo popular razonable que dote de mayor legitimidad al oficialismo.
¿Qué significa aquello? Una alternativa es acentuar aún más y perseverar en la agenda que se ha querido instalar a partir del programa, esto es la idea de que el país requiere cambios estructurales que modifiquen sustancialmente el «modus vivendi» que se acordó durante los primeros 24 años transcurridos desde la recuperación de la democracia. Para ponerlo en términos muy simples, descansando en el tradicional y algo obsoleto eje izquierda-derecha, el nuevo gabinete debería seguir este camino si está convencido de que el representante medio de nuestra población se siente identificado por una agenda más de izquierda (respecto de la impulsada en los primeros 24 años desde el término de la dictadura o incluso la actual). En cambio, si está convencido de que el ciudadano medio se identifica más con el «programa» de la transición y que es difícil modificar su opinión al respecto, el Ejecutivo tiene que parecerse más a esos gobiernos si quiere recuperar apoyo popular. La agenda, en este caso, no es genéricamente de transformación estructural sino una de cambio con estabilidad.
¿Con cuál de estas dos miradas se identifica el votante medio? Es muy posible que los partidarios de una u otra agenda puedan, a partir de la evidencia disponible, defenderlas con igual pasión. Más todavía ahora que la popularidad presidencial y gubernamental se vio afectada por hechos que no guardan relación con su agenda, aunque indudablemente le restan fuerza al discurso que la sustentaba. Sin embargo, antes que esto sucediese la aprobación del Gobierno mostraba un constante deterioro y su desaprobación un aumento sostenido. Si hubiese que indicar una fecha en que esto comenzó a ocurrir fue en julio de 2014 y tres meses más tarde la desaprobación ya superaba a la aprobación. Es imposible no concluir que se produjo un divorcio entre la ciudadanía y el Gobierno, y al analizar el discurso que las acompañó es difícil no concluir que el distanciamiento fue consecuencia de que el ciudadano medio se siente más representado por los primeros gobiernos de centroizquierda que por este último.
El desafío del nuevo gabinete, entonces, es encontrar un equilibrio más razonable entre el programa de gobierno y la mirada ciudadana respecto de lo que espera del Gobierno. Después de todo, hay que recordar que la encuesta CEP de julio de 2014 sugería que solo un 26 por ciento de la población votó por la Presidenta por su programa de gobierno y más del doble por la confianza en ella. Ahora que ha perdido este atributo, el programa se ve aún menos relevante. Ese reequilibrio tiene que ser acompañado por una decidida y sensata agenda anticorrupción que se ha instalado como una dimensión adicional al debate respecto del alcance del programa de gobierno. Cumplir satisfactoriamente ambos desafíos será clave para el éxito del nuevo gabinete y también para que la Presidenta recupere la confianza y credibilidad ciudadanas.
