Se vuelve a discutir la conveniencia de reducir el impuesto específico a los combustibles. Las alzas en los precios a la gasolina, esta vez motivadas por un inesperado fortalecimiento del dólar como resultado de las incertidumbres económicas de las últimas semanas y que seguramente se revertirán en el futuro próximo, han puesto de nuevo este tema en el tapete. Se ha cuestionado la efectividad del Sipco, pero la realidad es que este no es un mecanismo diseñado para evitar toda fluctuación en el precio de los combustibles. Pretende sólo atenuarlas, porque es bueno que los agentes económicos se ajusten a las nuevas realidades. Este es el principal argumento para defender un sistema de precios libres, y debe haber muy buenas razones para interferir con esas señales.
Por supuesto, en el caso de las gasolinas existe una «cuña» entre el precio internacional y el nacional que equivale al impuesto específico, pero este es un monto fijo que es independiente de los precios de mercado (58 y 231 pesos por litro para las bencinas y el diésel, respectivamente). El Sipco aprovecha la existencia de este impuesto para utilizarlo como instrumento de atenuación de fluctuaciones demasiado bruscas. Particularmente, a través de un ajuste en el impuesto. La eliminación o baja del impuesto específico no evita las fluctuaciones del precio de los combustibles; sólo reduce su promedio de modo permanente. Es una decisión, entonces, que debe evaluarse en su propio mérito.
Si se considerase que este impuesto es demasiado elevado, la coyuntura actual es especialmente propicia para ajustar su valor. Para defender la existencia de este impuesto hay argumentos de dos tipos. Por un lado, la facilidad con la que se recauda y las pocas ineficiencias económicas que genera. Por otro, las externalidades negativas que genera el consumo de combustibles fósiles y que, en ausencia de impuestos correctivos, llevan a su utilización excesiva. Esta segunda línea de reflexión resulta quizás más pertinente para defender la existencia de este impuesto. Una valoración de esas externalidades es el primer paso para acercarse a definir el monto que debiera tener este gravamen.
Este ejercicio fue hecho en su momento para Chile por el Banco Interamericano de Desarrollo, estimando que el actual impuesto específico para las gasolinas está al menos un 17 por ciento por debajo del que sería apropiado para «pagar» por los costos que impone su consumo a la sociedad. En el caso del diésel, el impuesto actual estaría, según dicho organismo, casi un 80 por ciento debajo del óptimo. Más allá de las complejidades involucradas en estos cálculos y, por tanto, de las deficiencias que puedan tener los cálculos, el nivel actual del gravamen para las gasolinas parece apropiado y el del diésel, muy bajo.
Otra forma de verificar esta aseveración es comparar los niveles de precio y de impuestos específicos de las gasolinas en diversas latitudes. Por ejemplo, en un reciente estudio comparativo de una organización alemana (www.giz.de) se observa que entre poco más de 170 países, hay 94 que registran un precio más alto de la gasolina que Chile. Ello se explica mayormente por diferencias en el impuesto específico a los combustibles. En el último informe de la Agencia Internacional de Energía sobre los precios de las gasolinas y de impuestos específicos de las gasolinas se puede observar que sólo hay cuatro de un total de 33 miembros de la OCDE que tienen un menor impuesto específico que Chile. El promedio simple del impuesto específico para esos países, excluyendo a Chile, es un 45 por ciento más elevado. Son muchos otros los países que tienen impuestos específicos más elevados que Chile. En el caso de nuestra región esa situación ocurre en Uruguay.
Una revisión de la evidencia disponible y de las razones que justifican la existencia de este impuesto lleva a la conclusión de que es una mala idea reducirlo y más aún eliminarlo. Más allá del atractivo que tiene para el mundo político atender un reclamo ciudadano, no cabe duda que desde una perspectiva económica y social es una iniciativa que resulta muy inconveniente. Es de esperar que prime una visión de Estado antes que un interés político de muy corto plazo.
