Fue imprudente que la jefa de asesores del segundo piso estuviese dispuesta a mantenerse en el Consejo de la Alta Dirección Pública por un tiempo indeterminado. Aunque hay un proceso formal y exigente de selección de los altos directivos, ellos siguen siendo de confianza del Presidente. Si se está a ambos lados de la mesa hay un evidente conflicto de interés. Afortunadamente, eso se ha corregido. Pero tampoco hay que llevar los argumentos al extremo. Algo de ello ocurre cuando se plantea que las solicitudes de renuncias en distintas reparticiones públicas pueden poner en entredicho al sistema. Hasta ahora, éstas afectan a una pequeña fracción de todos los cargos elegidos a través de este medio, pero si en las próximas semanas creciesen en forma significativa, ¿es algo muy grave?
En el estado actual de las cosas, la respuesta es negativa. El sistema fue concebido para filtrar técnicamente a los postulantes, pero se rechazó explícitamente la idea más ambiciosa de avanzar hacia un verdadero servicio civil, donde los altos directivos públicos se eligen sólo por méritos en un proceso competitivo. Se aceptó el criterio de la afinidad política. En muchos servicios civiles los altos directivos públicos tienen prohibición de pertenecer a un partido político o al menos deben dar garantías indiscutibles de neutralidad. Al elegirse ese camino, es evidente que los postulantes se autoseleccionaron, un hecho que es bastante aceptado en los círculos más informados. Pero más importante aún, desde el punto de vista de lo que cabe esperar cada vez que se produzca un cambio de coalición, es que no se puso suficiente atención a la separación que existe tradicionalmente en los países con servicios civiles consolidados entre el diseño de la política y la ejecución de la misma.
En el esquema chileno, en consecuencia, los directivos públicos están acostumbrados a participar activamente en el diseño de políticas públicas, algo que sería impensable en los países con una larga tradición de servicio civil. Por supuesto, los altos directivos públicos en esos países son consultados u ofrecen asesoría en aspectos puntuales, pero entienden que su labor exclusiva es ejecutar las políticas públicas y rendir cuentas por la calidad de esa labor. En esos países sería impensable que los altos servidores públicos rindiesen cuenta por las políticas que promueve la coalición gobernante. En nuestro caso, ello no es evidente. Así, en el modelo elegido por el país, en ausencia de una clara separación de funciones, es innegable que, si hay diferencias de visión respecto de las iniciativas gubernamentales, van a surgir conflictos que hacen necesario reemplazar a esos altos directivos públicos. Si eso sucede, no tiene sentido sostener que se le está poniendo una lápida al sistema de la alta dirección pública. Esa afirmación sólo refleja incomprensión respecto de la decisión que se tomó al crear este sistema, y que esto suceda no refleja incompetencia del directivo al que se le ha solicitado la renuncia, independientemente de que en casos puntuales pueda haber insatisfacción con su desempeño. En consecuencia, hay que restarles dramatismo a estas peticiones de renuncia, al mismo tiempo que tampoco parece razonable sostener que ello significa desmoronar el edificio de la alta dirección pública.
Con todo, mi preferencia es por un modelo en la tradición de los servicios civiles más desarrollados; esto es, uno donde la afinidad política no sea un ingrediente de la selección de los altos directivos públicos. Eso no significa que no puedan tenerla, pero debe esperarse de ellos neutralidad y la selección debe ser sólo por mérito. Ello requiere, como sugeríamos más arriba, asegurar con precisión una mayor separación entre las labores de diseño y ejecución de las políticas. Esto debe ir acompañado de un fortalecimiento de los equipos asesores de las autoridades políticas, para que no descansen en los servicios como actores fundamentales en el diseño específico de las políticas que desean llevar adelante. Estos cambios se verían fortalecidos si además los altos directivos públicos estuviesen sometidos a convenios de desempeño que precisarán sus objetivos y tareas. Para asesorar a las autoridades políticas en la definición de esos convenios, es indispensable fortalecer la dirección de servicio civil. Se requiere, entonces, de una reforma comprensiva para avanzar este modelo alternativo y superior, sin desconocer que el existente es un progreso significativo respecto de lo que había. Pero es equivocado exigirle atributos que su creación no contemplaba.
