Diputados de distintos sectores han estado disponibles, y parecen seguir estándolo, para rechazar el presupuesto de Educación que beneficia a miles de niños y jóvenes, particularmente los más vulnerables.Me resulta incomprensible esta posición. Pero quizás estoy equivocado y hay una buena razón para que los parlamentarios actúen como lo están haciendo.
Veamos, entonces, qué plantean. En términos muy simples: existe una deuda histórica con los docentes que debe pagarse. Sin embargo, las instituciones competentes para sancionar dicha existencia, los tribunales y la Contraloría, la han negado. Algunos, conscientes de este hecho, apelan a una obligación ética: durante los 80 cayeron los sueldos de los profesores y se les cotizó por un sueldo base inferior al efectivo, afectando sus ahorros previsionales y sus pensiones en el presente.
Un punto atendible, pero esta historia no terminó en los 80. En las dos últimas décadas los salarios de los docentes, prácticamente, se han triplicado. Este esfuerzo se ha complementado con incentivos al retiro y mejoras efectivas en jubilaciones. Hay situaciones puntuales que requerirían compensaciones adicionales, pero ello no es equivalente a afirmar que existe una gran deuda ya no histórica, sino que moral.
Con todo, mejorar las condiciones laborales de los docentes debe ser parte de la agenda. Pero debe ser fruto de un acuerdo que equilibre sus intereses con los de los estudiantes y de sus familias, es decir, que se comprometa con una educación más equitativa y de mayor calidad.
Precisamente por esto, si las dos razones anteriores no convencen a los parlamentarios, hay otra quizás más relevante, esta vez de carácter estratégico. El próximo año corresponde negociar con el Colegio de Profesores; la anterior se realizó en 2006. Esta es una oportunidad para lograr un balance virtuoso entre los intereses del gremio y del país.
Este balance debe partir reconociendo, como lo planteó el Informe McKinsey hace dos años, que “la calidad de un sistema educacional no puede exceder la calidad de sus profesores”. La negociación, entonces, debe apuntar a crear las condiciones para que surjan esos docentes.
Para ello, es indispensable avanzar hacia una carrera que premie el mérito antes que la experiencia, que no sólo eleve las remuneraciones para motivar a los actuales docentes y a jóvenes de altas habilidades, sino que las rediseñe permitiendo, por ejemplo, que éstas suban mucho más rápido que en la actualidad y permitan mayores diferencias entre disciplinas para reducir la escasez de oferta en ciencias y matemáticas.
Pero, además, hay que complementar estos esfuerzos con una mejor preparación y compensación económica de los directivos, mayores espacios para la gestión y evaluación locales de los docentes, becas generosas de estudio para motivar el ingreso de jóvenes de altas habilidades a esta profesión y el apoyo a programas de formación docente de alta calidad que sean los receptores de estos jóvenes becados.
Todo esto requiere de recursos. Pero si una parte importante de las holguras presupuestarias que tendrá el próximo gobierno en educación (pueden ser del orden del 50%) se gasta en el pago de una deuda inexistente, la posibilidad de instalar un marco renovado de atracción, retención, evaluación y formación de profesores se esfumará.
Muchos de los elementos de ese marco de largo plazo tendrán que ser acordados por el Congreso. Así, la aprobación del presupuesto de Educación abre ese necesario debate. Su rechazo puede cerrarlo por un buen tiempo. Cabe, entonces, pedir a la comisión mixta, primero, y al Congreso, después, altura de miras.
