Un informe de estas características debe reflejar la diversidad de opiniones. Suprimir los comentarios realizados por algunos consejeros dentro de las reglas del juego, como me ocurrió a mí, es inaceptable.
Hace unos meses, un número importante de establecimientos escolares se encontraba en toma. Parecía vivirse una situación de crisis, desmentida por un par de encuestas de opinión que sugerían que la población, aunque no muy contenta con la educación, tampoco la reprobaba. Es que ha habido avances que, por supuesto, son insuficientes. Los problemas de calidad y equidad de la educación chilena se reflejan en diversos estudios nacionales e internacionales. Éstos están influidos por las enormes desigualdades de ingreso del país, pero las trascienden. Aun después de tomarlas en consideración y también el nivel de gasto, los logros de nuestros estudiantes, ricos y pobres, están por debajo de lo que les correspondería si rindieran como lo hace el promedio de estudiantes que participan en las pruebas internacionales en las que se ha involucrado Chile.
El Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación es una oportunidad para avanzar ideas que puedan contribuir a elevar la calidad y a neutralizar la influencia del origen socioeconómico en el rendimiento de nuestros niños y jóvenes. Además, para reducir los niveles de segmentación. Por supuesto, en el diseño de políticas y en la definición de prioridades algunos datos ayudan a poner en contexto la situación de nuestro país. Por ejemplo, la relación que existe entre condición económica, social y cultural de los hogares y el rendimiento de los estudiantes es parecida en nuestro país a la que se observa en muchos otros, incluidos varios más ricos y equitativos que Chile. También nuestro país aparece en la comparación internacional como medianamente segmentado, encontrándose incluso por debajo de países más ricos, equitativos y con marcada provisión estatal de la educación escolar.
A pesar de esas características, muchos de esos países ofrecen una educación de calidad, en la que sus estudiantes de menores ingresos tienen mejores oportunidades y mayores posibilidades de movilidad que los nuestros de igual situación social. Esto invita, entonces, a poner en perspectiva no sólo la situación de partida de nuestra educación, sino los avances que se pueden lograr en los próximos años. Se evita así caer en esos voluntarismos tan típicos de nuestras sociedades y no desfallecer porque algunos de los objetivos no logran satisfacerse. Con todo, es evidente que en las actuales circunstancias debería poder elevarse significativamente la calidad de nuestra educación escolar.
El informe preliminar, y el final que se conocerá el 11 de diciembre, de los 81 miembros de este consejo, incluido quien escribe, seguramente se evaluarán desde esa perspectiva. Algunos lineamientos generan consenso. Entre otros, elevar los aportes públicos a educación, aunque teniendo claro que se podría esperar del impacto de los nuevos recursos sobre el rendimiento educativo, exigir el cumplimiento de estándares mínimos de calidad para todos los establecimientos educativos, crear una institucionalidad adecuada para la definición y supervisión de estos estándares y desarrollar una revisión profunda de la LOCE.
Pero también hay importantes discrepancias. Éstas dicen relación con propuestas que, en mi opinión, es discutible que tengan un efecto sobre algunos de los objetivos que se quieren lograr a través de futuras reformas a la educación, o que incluso pueden poner en riesgo el cumplimiento de éstos. En esta línea, por ejemplo, se inscribe la propuesta de alguno de los integrantes de privilegiar la educación de carácter estatal que, en la práctica, significa terminar con el financiamiento por alumno. Ello no sólo le resta el necesario dinamismo que debe tener el sistema educativo poniendo trabas al desplazamiento de los estudiantes de un establecimiento a otro, sino que también discrimina entre estudiantes de iguales características por el solo hecho de asistir a establecimientos de distinta naturaleza jurídica.
Por último, una nota personal. Un informe de estas características debe reflejar la diversidad de opiniones que suscitan los distintos aspectos analizados. Suprimir los comentarios realizados por algunos consejeros dentro de las reglas del juego, como me ocurrió a mí, es inaceptable. Uno de ellos expresaba mi rechazo al reemplazo de los municipios en la administración de la educación por una nueva entidad pública creada para estos efectos. La necesidad de esta entidad, totalmente ajena a la institucionalidad política del país, no sólo no se desprendía del diagnóstico, sino que diluiría aún más la rendición de cuentas que caracteriza a la educación estatal.
