Ahora que se revisa la ley de gasto electoral para realizarle correcciones menores, no sería mala idea eliminarle los límites.
En Chile la política se ha financiado de manera muy irregular aumentando el riesgo de corrupción y extorsión. Faltaba, por una parte, un marco razonable para canalizar los aportes privados a la política. Por otra, un financiamiento público de la actividad para evitar desigualdades extremas en la disponibilidad de fondos y asegurar una competencia robusta.
Un acuerdo de todas las fuerzas políticas en mayo de 2003 permitió satisfacer ambos objetivos. Se estableció un financiamiento público para partidos y candidatos que, en las circunstancias actuales, supone cada cuatro años un desembolso fiscal de poco más de 13 millones de dólares para las campañas municipales, y de algo menos de ocho y cuatro millones de dólares para las elecciones de diputados y senadores, respectivamente. Las diferencias provienen del hecho de que en las elecciones municipales se eligen alcaldes y concejales y que el Senado se renueva por mitades cada cuatro años. En términos comparativos, éstas son cifras modestas.
Pero, además, se establecieron mecanismos bien concretos para canalizar los aportes privados a la política. La donación reservada es, tal vez, la posibilidad más novedosa. A través de esta vía se asegura que los donantes no puedan demostrarles a los políticos que efectivamente aportaron a sus campañas, lo que restringe severamente la posibilidad de que los capturen y que éstos puedan extorsionar a los primeros. Los donantes que aportan por simpatía política o para contribuir a una política de mejor calidad, probablemente la mayoría, tiene en este mecanismo una forma insuperable para llevar a cabo sus aportes. Los políticos honestos, también la gran mayoría, seguramente privilegiarán esta forma de recibir contribuciones a sus campañas. Ella no sólo los aísla de sospechas de corrupción y extorsión sino que también los protege de caer en tentaciones.
Claro que, a pesar de sus muchos aspectos positivos, hay un elemento en la ley de gasto electoral que hace inevitable recordar aquella fábula del escorpión que en medio del río lo traiciona su naturaleza y, aun sabiendo que ello le costará la vida, le clava su aguijón a la rana que le está ayudando a cruzarlo. Ese elemento es el límite al gasto electoral. No es difícil imaginar que abundarán las acusaciones de que dicho límite ha sido violado. Después de todo en el fragor de una campaña es un recurso fácil para restarle legitimidad al adversario. En un país donde el nivel de confianza en el mundo político es alarmantemente escaso, esas recriminaciones sólo lograrán reducir esa confianza a grados aún más bajos. El daño para la vida política puede ser insoportablemente alto.
Este costo es quizás el más importante, pero no por eso el único. Los límites no se hacen cargo de las verdaderas realidades electorales. Piénsese que para la comuna de Santiago el límite para la elección de alcalde es apenas 1,4 millón de pesos superior al definido para Las Condes. Sin embargo, en la primera comuna se anticipa una disputa mucho más estrecha que en la segunda. En estas circunstancias es difícil justificar límites similares. Pero, supongamos que alguien decidiera desafiar al actual alcalde de Las Condes. Ciertamente partiría de muy atrás. Para tener oportunidades de éxito su inversión tendría que ser significativa. No es claro, que el límite actual de 72,6 millones de pesos sea suficiente para poder con algún grado de éxito desafiar a ese alcalde. Todo sugiere, entonces, que los límites al gasto electoral pueden frenar severamente la competencia e información políticas.
Se argumenta que esta disposición ayuda a nivelar la cancha en una contienda eleccionaria, especialmente si la ausencia de límites le permite a un sector político acumular más recursos que a otro. Sin embargo, el dinero es una de las tantas variables que influye en política y empíricamente no parece ser de las más importantes. Si éste es el temor, parece más razonable aumentar el financiamiento público. Los 6,2 millones de dólares anuales que significan el financiamiento público no es un monto demasiado significativo. Por supuesto, no le caen muy bien a la población. Pero tener partidos fuertes tiene un tremendo beneficio social y económico. Una vuelta por el vecindario nos ilustra al respecto. Los límites, en cambio, parecen tener mucho más costos que beneficios. Ahora que se revisa la ley de gasto electoral para realizarle correcciones menores, no sería mala idea eliminarle los límites. La política se beneficiaría de esta medida.
