Un real punto de tope en el debate de las reformas constitucionales parece ser el sistema electoral. Al respecto se hacen declaraciones de principios que creo exageradas.
La reforma de la Constitución goza de respaldo ciudadano. Pero claro, no está entre las prioridades de la población. Sin embargo, no por eso deben dejar de realizarse las gestiones que sean necesarias para que el país cuente con una carta magna que sea ampliamente compartida por todos. Eso no ocurre en la actualidad.
Ahora que el tiempo ha pasado y que la polarización política se ha reducido, hay una buena oportunidad para acabar con alguna de las peculiaridades de nuestra Constitución. Hay conversaciones avanzadas sobre esta materia, pero no parece haber todavía humo blanco.
La ciudadanía agradecería un poquito más de esfuerzo y generosidad de nuestros líderes políticos. Desde luego para que se reponga la facultad presidencial de remover a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. Si hubiese que buscar un único motivo para defender el Estado moderno, no cabe duda que el control común del monopolio de la fuerza ocuparía el primer lugar en toda lista que se confeccione para este propósito. Pero ese control pierde efectividad si el representante elegido por los ciudadanos carece de la facultad de pasar a retiro a los responsables de la ejecución de esa fuerza. Por supuesto, existe el riesgo de que se utilice políticamente a las Fuerzas Armadas, pero no es un feómeno que se observe en las democracias modernas. Los intentos de politización de las FF.AA. que pudieron haber ocurrido en un contexto fuertemente polarizado son una justificación demasiado débil de esta disposición como para sacrificar en una parte significativa el control que los representantes de la ciudadanía deben tener del monopolio de la fuerza. Por razones similares, el Consejo de Seguridad Nacional debe ser abolido.
Hay, por otra parte, países donde las Cámaras Altas tienen miembros designados en grados diversos. Sin embargo, en las naciones consolidadas democráticamente ello ocurre en unos pocos gobiernos parlamentarios en los que esa cámara tiene un papel distinto del que tradicionalmente desempeñan en sistemas políticos presidencialistas. En general, esos casos son el resultado de tradiciones arraigadas, largas evoluciones institucionales o el resultado de consensos políticos ampliamente compartidos. No es el caso de nuestro país. La defensa de los senadores designados y vitalicios, entonces, no se puede amparar en ninguna de esas variantes y es sólo el resultado de las condiciones políticas particulares que vivió el país hace unas décadas. Por tanto, la defensa de esta institución termina haciéndose sólo sobre la base de consideraciones estratégicas que pueden beneficiar a un sector político en particular y, en ese sentido, no puede formar parte de una Constitución del Estado de Chile.
Un real punto de tope en el debate de las reformas constitucionales parece ser el sistema electoral. Al respecto se hacen declaraciones de principios que creo exageradas. En beneficio de la transparencia declaro mi simpatía por un sistema electoral uninominal mayoritario (un representante por distrito elegido por mayoría absoluta). Pero no por eso creo que el sistema electoral vigente sea, en principio, antidemocrático. Por cierto, ha beneficiado hasta ahora a la centroderecha, sobre todo en el Senado. Pero en el futuro podría ser la centroizquierda. El sistema está diseñado para proteger a la coalición que es votada en segundo lugar, no importando su color político. Por cierto, el empate sistemático en el Senado es algo molesto, pero también se supone que ahí hay mayor espacio para una reflexión que trascienda las fronteras políticas. Existe también el riesgo que, en la práctica, los ciudadanos no sean los que elijan a sus representantes. Basta que se nombre un candidato en cada lista y no los dos que contempla el sistema. Ocurrió en la elección de 2001.
Cuesta creer, sin embargo, que en un sistema político competitivo éste pueda ser un equilibrio de largo plazo.
Por cierto, de no modificarse el sistema electoral, la opinión pública debe estar atenta a esta situación y denunciar la irresponsabilidad política que significa llevar listas con un candidato por distrito. Con todo, los potenciales costos del sistema electoral binominal no tienen el mérito para ponerles un freno a las demás reformas constitucionales.
Una adicional que es fundamental es reponer la elección simultánea de Presidente y Parlamento. Ella crea un incentivo muy potente para mantener coaliciones estables de gobierno. La historia política chilena está llena de elecciones sucesivas que han puesto enormes distancias entre los gobiernos y sus coaliciones parlamentarias, volviendo innecesariamente compleja la gestión del poder ejecutivo. Ahí están los primeros años de Lagos y cabe predecir que similares problemas tendrán gobiernos futuros. Retomar la simultaneidad de elecciones parece un imperativo político.
